El Gobierno del Estado está preparando una modificación de la ley de hidrocarburos para reducir la oposición de las personas al fracking.
Con esta medida, el Gobierno intenta sobornar a los propietarios de los terrenos. El convertirlos en accionistas de la industria del fracking conlleva una serie de connotaciones muy peligrosas:
- La empresa no necesitará hacer expropiaciones forzosas o compra de parcelas, por lo que no tiene que gastar ni un euro en esta dificultosa tarea de conseguir los terrenos donde llevar a cabo los pozos de fracking. El presunto beneficio para los propietarios vendrá dado por la especulación en bolsa de lo que ya se denomina burbuja gasística.
- Los municipios afectados, ya no tendrán sólo un enemigo focalizado como hasta ahora que era la empresa destructora del territorio, sino además, a sus propios vecinos y vecinas que sucumban a esta gran farsa y mentira y cedan sus tierras para llevar a cabo el fracking.
- En el caso más que probable de que aparezca algún problema de contaminación derivado de la industria del fracking, la capacidad de denuncia y de pedir las posibles indemnizaciones, se verá muy limitada por haber sido cómplices de esta estafa.
Cualquier episodio de contaminación, no se quedará aislado dentro de las parcelas de los vecinos accionistas, sino que afectará a una cantidad de territorio y recursos naturales de difícil evaluación, convirtiéndose estas personas en cómplices del daño medioambiental de difícil o imposible reparación .
Debe quedar bien claro que los presuntos recursos que estas multinacionales quieren explotar es para su único beneficio. Cogen un patrimonio que es de todas y todos y la explotan en su beneficio particular, dejando al territorio invadido sólo contaminación y un subsuelo roto. Asimismo, cabe recordar que la propiedad del subsuelo es del Estado.
Una vez más queremos insistir en la incompatibilidad que genera el fracking con cualquier otro uso que se quiera hacer del territorio, así como con el resto de sectores económicos y productivos de los municipios. De hecho, un único episodio de contaminación en el Norte de Castellón, podría afectar desde el Delta del Ebro hasta Castellón Capital.
Desde la PAF valoran esta propuesta del Gobierno como un intento de romper el amplio posicionamiento mayoritario en contra del fracking que se está instalando en ciudadanía; para poder vender un Territorio que no es de ellos a unas empresas que sólo buscan su beneficio particular. Creen que la táctica de sobornos y privilegios que las empresas suelen hacer con miembros del Gobierno como son las puertas giratorias, puede ser utilizada también con la ciudadanía.
Animamos a todas las personas a continuar informándose y posicionándose en contra de esta energía sucia, contaminante y que tanto contribuye al cambio climático. Al mismo tiempo instamos a los Gobiernos a que apuesten por un modelo energético limpio, sostenible y compatible con los usos del territorio; que generará una gran cantidad de puestos de trabajo y que reduciría nuestra dependencia energética de las energías fósiles.
Plataforma Anti-Fracking Comarques de Castelló
ABC Los dueños del suelo destinado a «fracking se convertiran en accionistas.