El Gobierno español impulsa medidas para favorecer el fracking

El ministro de Energía Alberto Nadal sigue apoyando el fracking tal y como hizo su antecesor el exministro Soria.


El Gobierno sigue decidido a potenciar las extracciones de carburantes fósiles y el fracking en España y para ello ha aprobado medidas para incentivar a los propietarios de terrenos con yacimientos de gas o petróleo. Los propietarios de tierras ubicadas en un radio de 1.500 metros alrededor de un pozo de extracción tendrán derecho, sea cual sea el uso de esas tierras, a recibir el 1% de los hidrocarburos producidos, según especifica el ‘Boletín Oficial del Estado’ de este lunes 6 de febrero

Esta novedad aparece recogida en una orden ministerial de Energía, Turismo y Agenda Digital publicada en el BOE y en la que se desarrolla el Impuesto sobre el Valor de Extracción de Gas, Petróleo y Condensados.

La orden ministerial deja sin mencionar el pago con el que se retribuirá el fracking de alto volumen, incluyendo en la misma el fracking de bajo volumen.

Así, en el capítulo eI apartado 3 dice:

3. Se desarrollan igualmente las disposiciones necesarias para la definición de los perímetros de referencia que serán de aplicación para la determinación de los pagos a propietarios de terrenos suprayacentes en concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos, siempre que no se requiera la aplicación de técnicas de fracturación hidráulica de alto volumen.

Según la UE se entiende por  «fracturación hidráulica de alto volumen» la inyección en un pozo de 1.000 m3 o más de agua por fase de fracturación, o de 10.000 m3 o más de agua durante todo el proceso de fracturación e Instalación: incluye cualquier estructura subterránea asociada diseñada para la exploración o producción de hidrocarburos utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen (leer más)

El Parlamento Europeo se posicionó contra el fracking

El pasado 2 de febrero de 2016, apenas un día antes de que Castilla y León se convirtiera en la única comunidad autónoma del estado que no ha legislado para impedir el fracking y defender a sus ciudadanos, el Parlamento Europeo aprobó por una aplastante mayoría una resolución para que los países miembros no acepten el fracking en sus territorios.

Esta resolución fué aprobada después de que a esta cámara supranacional llegasen distintas peticiones contra la fractura hidráulica en distintos puntos de España, aunque los más candentes han sido estos últimos años Cantabria y Castilla y León, también hay proyectos de fracking en otros lugares como Castilla y La Mancha, Euskadi o Castellón (todas han legislado contra el fracking).

El artículo 88 dice así:

88.   Insta a los Estados miembros a que no autoricen nuevas operaciones de fracturación hidráulica en la UE, sobre la base del principio de precaución y del principio de que deben tomarse medidas preventivas, teniendo en cuenta los riesgos y los efectos climáticos, medioambientales y para la biodiversidad negativos que conllevan la fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales y las deficiencias detectadas en el régimen regulador de la UE para las actividades de gas de esquisto;

parlamento europeo

El Parlamento Europeo ha venido votando contra distintas iniciativas de fractura hidráulica en los últimos años, a instancias de Francia y Polonia en los años 2012 y 2013, aprobando directivas.

Las directivas son para que los países miembros las tengan en cuenta –sin tener más que un valor orientador o consultivo – y las resoluciones son para que los propios organismos de la Unión Europea legislen y gobiernen teniendo en cuenta. De hecho esta resolución va al Consejo de Europa y a la Comisión Europea, y no sólo contempla la negación del fracking.

El Parlamento Europeo pide que los países miembros no autoricen el fracking. Los Populares Europeos actúan en dirección contraria a las intenciones del PP de Castilla y León que autorizó permisos como el de Sedano.

Esta votación fué aprobada en el Comité Consultivo por 20 votos a cero y en la Mesa de Portavoces por 60 a favor de la resolución, tres en contra y una abstención.

El Partido Popular Europeo, votó contra el fracking, dejando en evidencia las políticas llevadas a cabo por Vicente Herrera en Castilla y León.

En esta resolución se hizo especial hincapié en las contaminaciones de agua y en la posible falta de control sanitario sobre las mismas. Europa tiende a legislar por principios de precaución y en este caso ha primado la seguridad alimentaria para los vecinos de los países miembros.

El hecho de que exista legislación supranacional abre futuras vías de paralización judicial en tribunales supranacionales, por ello y aunque hasta ahora el único caso que ha llegado hasta el Parlamento Europeo de España ha sido el de Cantabria, una vez finalizada la vía ejecutiva podría abrirse la vía judicial.

Desde los colectivos ecologistas europeos se han hecho eco de esta noticia que intenta paralizar los sondeos en busca de gas del subsuelo español. No así los medios de comunicación españoles que siguen con el aislamiento de las noticias sobre fracking, incluso cuando su burbuja financiera ha estallado en EEUU y amenaza con causar graves daños económicos al país.

Anteriormente planteábamos en esta Web si el fracking cumpliría la ley europea sobre contaminación del aire y el agua, al enterrar en cada pozo millones de litros de liquidos altamente contaminados, ahora vemos que las dudas eran más que fundadas.

Los informes científicos son concluyentes: el fracking contamina el agua, el aire y provoca terremotos.

El estado de Nueva York prohibió el fracking en base a una recopilación de informes científicos que señalan los problemas de contaminación y salud que genera esta técnica, dejando las preguntas retoricas del procurador del PP Ángel Ibáñez en un simple juego de palabras que le desacredita como representante y defensor de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.

Fuente: albacetecapital.com

elperiodico.com

La UE pone la LUPA sobre el FRACKING

Boletin Oficial del Estado de la ordén ETU/78/2017, de 31-01-2017 , por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de los pagos a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos.

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