El Procurador del Común instó a la Junta de Castilla y León a legislar la fracturación hidráulica o ‘fracking’.

El Procurador del Común insta a la Junta de Castilla y León a tomar e implementar medidas y regular, al no existir ninguna norma jurídica en la Comunidad Autónoma, sobre la exploración y extracción de hidrocarburos mediante el sistema de fracturación hidráulica denominada ‘fracking’, con el objetivo de «tranquilizar y acallar posibles miedos» planteados por ciudadanos e instituciones contrarios a estos proyectos.

Plantea modificar la Ley de Espacios Naturales para vincular la prohibición de las actividades extractivas a lo que digan los planes de ordenación de los recursos naturales.

Por primera vez en la actividad del defensor de los ciudadanos castellanos y leoneses, figura una resolución de oficio, iniciada en 2013, sobre las actuaciones en relación con proyectos de ‘fracking’ y con unas recomendaciones a la Junta de Castilla y León, que entiende que «no puede tener un papel pasivo» incluso en tramitaciones de impacto ambiental que corresponden al Gobierno.

El Procurador del Común ha explorado la legislación en Europa, en España y en las comunidades autónomas limítrofes con Castilla y León para emitir a la Junta sus propuestas, conocidas por Ical. Entre ellas, recoge que «se valore» la modificación de la Ley de Espacios Naturales vigente en el sentido de vincular la prohibición de las actividades extractivas o de investigación en esas zonas a lo que se determine en los planes de ordenación de los recursos naturales, como ha hecho la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El alto comisionado parlamentario, Javier Amoedo, explica que abrió la investigación de oficio al «tener constancia» de los permisos que tramitaba la Administración autonómica -existen cinco otorgados- y al recibir varias mociones aprobadas por los plenos de los ayuntamientos burgaleses de Basconcillos del Tozo, Montorio, Urbel del Castillo, Valle de Valdelucio, Valle de Santibáñez, Pedrosa de Río Urbel, Las Quintanillas y Frandovínez en las que expresaban el «malestar y preocupación» e instaban a la Junta a derogar los permisos concedidos.

Aunque considera que las mociones no tienen relevancia jurídica al carecer los ayuntamientos de competencias en la materia, recuerda las leyes autonómicas de Prevención Ambiental y de Urbanismo en el sentido de que «no sería posible» conceder permisos si un proyecto contraviene la normativa urbanística. También, recomienda a los municipios opositores a iniciar procesos para que se recoja la prohibición en el instrumento urbanístico.

En su resolución, dirigida a las consejerías de Economía y de Empleo y de Fomento y Medio Ambiente, el Común pone como ejemplo la resolución de la Delegación Territorial de la Junta en Burgos de noviembre de 2013 para que los proyectos de su competencia sean sometidos a evaluación de impacto ambiental, incluso para permisos otorgados antes de la entrada en vigor de la norma. De esa manera lo ha hecho en el caso del permiso ‘Sedano 4’, cuya investigación se encuentra cercana al Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón.

Son ocho las recomendaciones a ambas consejerías, como que en procedimientos de evaluación de impacto ambiental cuya tramitación corresponde a la Administración del Estado, Fomento y Medio Ambiente «adopte un papel primordial» en la defensa de los valores de los espacios naturales protegidos de la Comunidad, imponiendo las condiciones para preservar dichos parajes. “Los órganos de la Administración autonómica no deben adoptar un papel pasivo”, avisa Amoedo.

También, pide que se adopten en el ámbito de sus competencias las resoluciones del Parlamento Europeo sobre repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo para planificar los lugares más adecuados. Además, requiere que se solicite a las confederaciones hidrográficas Duero, Cantábrico y Ebro la información sobre los acuíferos, así como el «auxilio» del Instituto Geológico y Minero de España para conocer los posibles riesgos de sismicidad.

El Procurador reclama que se fomente la participación de los ciudadanos, asociaciones y entidades locales de los territorios en los que se pretenda desarrollar proyectos de investigación, exploración y extracción no convencional con el fin de atender a la transparencia demandada en el convenio de la Comisión Europea para Europa de Naciones Unidas, en relación al acceso de la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Fuente: ABC

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