Aprobada en Castilla y León con los votos del PP la normativa que pretende agilizar los trámites del fracking.

Valladolid. 8-10-2014.

El PP de Castilla y León desoye al Procurador del Común y la nueva Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León no legislará el fracking de forma específica. La Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, entrará en vigor el 17 de noviembre de 2014.

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El Grupo Parlamentario Socialista y el procurador de IU votaron el 8 de octubre de 2014 en contra de la Ley de Prevención Ambiental, ya que, entre otros argumentos, han defendido que la normativa excluye la regulación de determinados proyectos de investigación medioambiental como puede ser el ‘fracking’.

A pesar de estos votos en contra, la normativa ha salido adelante con el respaldo del PP y la abstención de procurador de UPL. Como ha defendido el consejero de Fomento, Antonio Silván, con la Ley se pretende impulsar la actividad económica y agilizar trámites (de los permisos de fracking y canteras entre otros).

silvan

En concreto, al Pleno de las Cortes llegaron vivas 91 enmiendas parciales del PSOE, 31 de IU y ocho de UPL. La procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña insistió en que

esta normativa es «perjudicial» para el medio ambiente al «excluir» proyecto de investigación como el ‘fracking’,

algo que ha sido respaldado tanto por el procurador de IU, José María González, como por el del UPL, Alejandro Valderas.

Sin embargo, los procuradores del PP Francisco Julián Ramos Manzano y José Domingo Martínez Antolín han defendido que el hecho de que proyectos de investigación o prácticas como el ‘fracking’ no aparezca en la normativa no significa que no exista una regulación adecuada al respecto, ya que «están sometidos están sometidos a la evaluación de impacto ambiental, como establece la normativa estatal».

José Domingo Martínez Antolín

Julián Ramos Manzano

 

 

 

 

 

 

 

La procuradora socialista en su turno de intervención ante la Cámara ha defendido las 91 enmiendas que su Grupo ha mantenido para su debate en este Pleno y que abordan distintas «carencias» de una normativa que, a su juicio, «no es ágil, no es participativa y restringe derechos».

De este modo, Muñoz de la Peña se ha mostrado en contra de que empresas privadas se encarguen de determinadas inspecciones que, a su juicio, deben ser realizadas por personal público, lo que además supone un «coste innecesario» para las empresas. «La Consejería no debe renunciar a competencias de inspección».

Para la procuradora socialista la normativa deja a los ayuntamientos que carecen de recursos para tramitaciones ambientales «desamparados» y «resta participación» a los órganos colegiados, tras lo que ha considerado que la «simplificación» que se persigue no se lleva a cabo porque incluye «cargas administrativas nuevas» para el promotor

«En base a la agilización nunca se puede restar participación y coordinación ambiental», ha aseverado.

Ante esta argumentación, el procurador ‘popular’ Francisco Julián Ramos Manzano ha asegurado que el PP tiene una visión «totalmente diferente» de la normativa a la dibujada por Muñoz de la Peña y que se basa en el «optimismo y positivismo», ya que se avanza en el «apoyo a emprendedores», se busca «agilizar trámites» y «solucionar problemas.

«La ley trata de evitar duplicidades y también aligerar cargas administrativas en sintonía con las leyes estatales», ha señalado, tras lo que ha rechazado las enmiendas socialista porque a su juicio «aportan confusión y no enriquecen el texto».

LA LEY

Silván ha explicado que con esta Ley se persigue una mayor «eficiencia», a la vez que simplificación y un ahorro de costes tanto para la Administración como para los promotores de proyectos que requieran una autorización ambiental de los diferentes tipos que fija la ley, pero además trata de que exista una mayor seguridad jurídica y se potencia el uso de las nuevas tecnologías favoreciendo el uso electrónico.

La normativa establece los permisos con los que deben de contar los proyectos o actividades tanto públicos como privados susceptibles de afectar al medio ambiente y, en función de esa afección, se acogen a un régimen de control u otro, que requerirá una autorización, licencia o comunicación ambiental o, en caso de los de mayor repercusión, una Evaluación de Impacto Ambiental.

Así, con el fin de una mayor racionalización y agilización administrativa, en cuanto a la autorización ambiental, se favorece la simultaneidad en la tramitación administrativa en los informes que han de emitir los diferentes órganos competentes -Junta de Castilla y León, Confederación Hidrográfica y Ayuntamientos, principalmente-.

En la tramitación de la autorización ambiental, que se refiere a instalaciones y actividades más contaminantes y por tanto requiere una actuación más exigente, se favorece el uso de las nuevas tecnologías y la coordinación entre los diferentes organismos.

También se da mayor precisión a las actuaciones previas, detallando toda la documentación a presentar, el contenido de los informes municipales, es decir, concretar desde el inicio del procedimiento evitando trámites innecesarios que dilatan en el tiempo la gestión del proyecto tanto por parte del promotor como de las administraciones.

Además, se establece que la licencia urbanística solo se otorgará posteriormente al otorgamiento de la autorización ambiental cuando la actividad se desarrolle en suelo rústico y se suprime la renovación de la autorización ambiental la solicitud del titular una vez transcurridos ocho años desde su otorgamiento.

Anteriormente el PP de CyL por boca de Arturo Pascual habia ya defendido anteriormente que:la fracturación hidráulica es «aceptable y segura»

arturito pascualEl Procurador del Partido Popular por  Soria y Alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Peregrina, ha votado a favor del fracking en las Cortes de CyL pero ha declarado antifracking a su municipio (leer).

peregrinaSi consideramos que cada vez más municipios, comunidades autónomas y paises se declaran antifacking tras analizar los problemas de la fractura hidráulica, la triste pregunta que podríamos hacernos es ¿estamos gobernados por auténticos ignorantes e incompetentes o por mentirosos de la peor catadura?.

Fuente: europapress

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